La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en respuesta de una pregunta del diputado Francisco Igea acerca de qué hace el Gobierno para evitar los daños que causan la pseudoterapias, ha animado a pacientes y sociedad a implicarse «activamente en la denuncia de aquellas prácticas sanitarias irregulares que detecten» y ha afirmado también que la frontera entre lo que Sanidad promueve y lo que debe perseguirse está en lo que tiene base científica o no.
De hecho el propio ministerio contestaba hace no mucho a una pregunta de Materia sobre terapias sin aval científico que éstas tienen la «consideración de actividades sanitarias destinadas a la preservación, conservación y restauración de la salud de las personas» y que como tales están reservadas «a las profesiones sanitarias tituladas y reguladas a las que se refieren los artículos 2 y 7 de la Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias» y que «deben realizarse en centros sanitarios autorizados». Por lo tanto «cualquier actuación de este tipo de que infrinja las reglas expresadas es denunciable, tanto por un profesional sanitario o como por cualquiera que tenga conocimiento».
Otra cosa es que el ministerio de Sanidad haya optado por regular los productos homeopáticos sin impedir su venta en farmacias o que no se mate precisamente a la hora de perseguir este tipo de prácticas, que aunque pueda dar la impresión que no, tenemos leyes que permiten hacerlo.
Pero es que no parece ser una prioridad para la mayoría de nuestros políticos que se apliquen con rigor.
