Por Esther Celma
¿Cuánto tiempo hace que se dice que el agua es un recurso escaso? ¿Y qué se ha hecho para aprovecharlo mejor y conservarlo? En el año 2000, se aprobó la Directiva Marco del Agua para mejorar las condiciones hidráulicas europeas. Se basa en proteger los ecosistemas acuáticos y recuperar los costes de la gestión económica, en las antípodas de "llevar agua de dónde sobra a dónde falta" o "coger aguas que se pierden en el mar". En España sigue sin aplicarse.
Una veintena de expertos analizaron nuestra política de aguas. El avance de las conclusiones puede consultarse en las conclusiones del 
Panel científico-técnico de seguimiento de la política de aguas [PDF, 60 KB].
El panel consigna que el ciclo de la sequía iniciado en el 2004 prosigue y se hace notar ya en Catalunya, pero también afecta las cabeceras del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. Esto pone a prueba el sistema hidráulico español y cuestiona la actuación institucional.
Pero subraya que no se ha podido superar "el bloqueo que ha representado el clima de tensión política y mediática sobre los intentos de avanzar hacia una racionalización y modernización en profundidad del uso del agua en España".
Así, nos se ha podido "establecer un precio del agua como recurso, avanzar en el principio de recuperación de costes; limitar el uso del agua en los cultivos extensivos en función de mínimos de rentabilidad económica y social; devolver al medio natural de los caudales ahorrados por modernización o abandono de cultivos ni establecer mínimos de rendimientos de las redes como condición para ampliar la dotación de los abastecimientos".
La política hidráulica convencional sobrestima recursos y demandas, pero subestima los costes. Los expertos defienden una gestión continua para mejorar la calidad y seguridad de los abastecimientos. Esto implica información rigurosa. Sin embargo, lo que hay es "datos inexactos, incoherentes, discontinuos, carentes de mediciones directas de evaporación; se ignora el rendimiento de las redes urbanas, no hay bases de datos con el estado de las tuberías ni una cartografía actualizada".
Sin estos datos, es imposible reformular las concesiones y derechos sobre el agua. Concesiones que el panel propone difundir por internet para mayor transparencia.
También critican la "irracionalidad económica que impregna la gestión del agua, en detrimento del erario público" y afirman que "es difícil de erradicar". Por el contrario, proponen "establecer por ley la obligación de recuperar los costes". Esto Implica "calcularlos con rigor e informar a los futuros usuarios".
En definitiva, creen imprescindible una nueva Ley de Aguas.
Quizás la ley del mercado ayude a la nueva cultura del agua. La explotación de las desaladoras producirá grandes beneficios económicos. El analista de los costes del panel, Pedro Arrojo, de la Universidad de Zaragoza comenta en conversación telefónica: "Una desaladora significa un gasto energético de 3 KWh por cada mil litros, un trasvase, 4,5 KWh" para la misma cantidad. No es díficil "aumentar su producción en un 30-40 por ciento en poco tiempo, instalando nuevas membranas y ya se aplican en algunos ríos, mucho más barato que desde el mar". Arrojo cree que "hay que plantearse qué modelo queremos de desaladoras, público o privado".
No es ningún secreto que Agbar, concesionaria de las aguas de Barcelona, aspire y presione desde hace tiempo para gestionar las futuras desaladoras catalanas.
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Esther es periodista freelance. Corresponsal de El Vigía y adjunta de El Periódico en Tarragona. También colabora con TV3 y la Agencia Efe.
{Foto (CC) Daniel Hooper @ Unsplash.}
