En 2009 la Administración de Aduanas de Avilés retuvo a petición de Nintendo una partida de cartuchos para Nintendo DS importados por Alechip, una tienda de videoconsolas y reparación de teléfonos móviles.
Nintendo alegaba que se podían utilizar para piratear la consola y descargar juegos ilegales, y en el posterior juicio pedía 23 años de cárcel para el dueño de Alechip, así como 840.000 euros de indemnización por diversos delitos contra la propiedad intelectual e industrial, aunque el fiscal había rebajado estas peticiones a tres años y medio y 12.960 euros.
Ya en junio de 2011 una primera sentencia absolvía al dueño de Alechip, aunque la sentencia se basaba en que el informe pericial presentado por Nintendo no era suficiente, diciendo que «adolece de datos técnicos imprescindibles para la correcta valoración de los hechos objeto de acusación».
Naturalmente Nintendo recurrió esta sentencia, pero según acaba de hacer pública la defensa, la Audiencia Provincial de Oviedo ha emitido una Sentencia absolutoria definitiva en el caso de Nintendo contra Alechip.
Esta dice, entre otras cosas, que no queda probado que los cartuchos sirvan para ejecutar juegos ilegales en la consola «no habiéndose acreditado que los productos importados por el acusado permitan específicamente, en las condiciones en las que fueron intervenidos, suprimir los mecanismos de seguridad de la consola Nintendo DS», básicamente porque no tenían ningún software instalado.
De hecho, como dice también la sentencia, en estos cartuchos se puede instalar software que sirve para «permitir la ejecución de juegos de otras zonas o convertir la consola en un ordenador acto para realizar múltiples tareas absolutamente lícitas», una tesis fundamental de la defensa, que considera que «todo usuario de cualquier tipo de hardware debe tener la capacidad de programar software para su dispositivo, sin ningún tipo de restricción por razones comerciales, siendo ésta una de las bases de la libertad tecnológica».
La sentencia es firme y sólo cabe recurso contra ella en el Tribunal Constitucional.
Cabe quizás recordar que el único caso similar en el que Nintendo ha conseguido una «victoria» en España es porque en realidad el acusado alcanzó un acuerdo de conformidad, sin que nunca llegara a celebrarse el juicio.
