Este artículo se publicó originalmente en La Voz de Galicia, donde colaboramos semanalmente; esta es la versión con enlaces.
Sobre el papel el Anti-Counterfeiting Trade Agreement, o Acuerdo Comercial Anti-Falsificación, tiene como objetivo luchar contra el tráfico y la venta de falsificaciones de todo tipo, incluyendo la vulneración de derechos de autor a través de Internet.
Pero su proceso de negociación, iniciado oficialmente en 2008 cuando Australia, México, Nueva Zelanda, la República de Corea, y Singapur se unieron a las charlas que venían manteniendo sobre el tema los Estados Unidos y Japón, países que fueron los primeros en ponerse a desarrollar el tratado, Suiza y la Unión Europea, ha sido enormemente polémico porque el contenido del tratado se ha intentado mantener en secreto por todos los medios posibles.
De hecho, sólo mediante filtraciones se fueron conociendo aspectos como que pretendía incluir, entre otras cosas, la obligación para los países firmantes de instaurar políticas de corte del acceso a Internet de aquellos que se descargaran contenidos sometidos a derechos de autor.
De todos modos, cuando en abril de 2010 se hizo por fin público de manera oficial el borrador del tratado resultó que los años de protestas habían limado bastante sus dientes y que al final, al menos en el aspecto que atañe a Internet, no era tan malo como las filtraciones iniciales auguraban.
En concreto, el texto del tratado (PDF 254 KB) no obliga a nada a los países firmantes en cuanto al tipo de medidas a aplicar contra aquellos que se descarguen contenidos sometidos a derechos de autor, y además pide expresamente que las medidas a aplicar conserven principios fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a un proceso justo, y la privacidad.
Pero también es cierto que todo dependerá de cómo los respectivos gobiernos decidan trasponerla en sus leyes nacionales si se aprueba.
Aún así, hay otros aspectos del tratado que siguen siendo preocupantes, y hay convocadas para mañana manifestaciones de protesta a lo largo y ancho de toda Europa para evitar que la Unión Europea ratifique el tratado el próximo mes de junio, aún cuando 22 de sus miembros, España incluida, ya lo han firmado.
Y es que no parece muy normal que un tratado que puede afectar a cientos de millones de ciudadanos se pueda negociar de espaldas a estos si no hay nada que ocultar.
