Tal y como estaba pactado, la Ley Sinde, en una versión ligeramente maquillada, ha vuelto a ser incluida en la Ley de Economía Sostenible con 244 votos a favor y con sólo 12 en contra, los de ERC, ICV, CC, PNV, Partit Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista y el Grupo Mixto.
La semana que viene volverá al congreso, donde con toda probabilidad será aprobada el martes 15, pues no parece que exista la más mínima posibilidad de que PSOE, PP y CiU cambien de postura, ya que consideran que sólo son cuatro gatos los que se oponen a esta nefasta ley.
A partir de ahí quedará el desarrollo del reglamento que regule el funcionamiento de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, que será la que se encargue de gestionar las denuncias a páginas o sitios que vulneren la propiedad intelectual, y si se cumplen los plazos previstos por el gobierno, la Ley Sinde podría estar en vigor para este próximo verano.
Maquillada o no, y digan lo que digan los partidos políticos sobre la supuesta tutela judicial del proceso, esta sigue siendo una síntesis válida de la Ley Sinde:
La industria del copyright movió un dedo y se enviaron cartas advirtiendo de acciones legales. Cuando las cartas se ignoraron, la industria movió un dedo y se interpusieron las acciones judiciales. Cuando los jueces resolvieron en favor de denunciados y demandados, la industria movió un dedo y se recurrieron las resoluciones. Cuando volvieron a perder en los juzgados, la industria movió un dedo y desaparecieron los jueces.
Pero si esta ley es mala, lo peor vendrá cuando la industria audivisual y los que se autodenominan creadores comprueben que no sirve para nada aunque consigan cerrar algún sitio de enlaces -esos mismos que, recordemos, los jueces han dicho una y otra vez que no están involucrados en ninguna actividad delictiva- y comiencen a pedir una ley más dura que incluya el corte de las conexiones a Internet de los usuarios.
Por cierto que no está de más leerse Obama dio en octubre de 2009 el último 'empujón' a la ley Sinde, un artículo de 20minutos en el que queda bastante claro el por qué del interés del gobierno en sacar adelante esto a toda costa.
Tiene más bien poco que ver con las demandas de la industria audiovisual española, aunque se haya usado su protección como disculpa.
