Ayer en Microsiervos publicamos como hicieron tantos sitios el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, al que se sumaron miles de Internautas con una velocidad asombrosa, en un impresionante efecto que la verdad es que hacía mucho que no veía en la Red. Lo que sigue es un resumen de mi particular visión sobre la reunión de esta misma mañana a la que me invitaron a asistir amablemente.
Además de la Ministra González-Sinde y sus colaboradores del Ministerio de Cultura estábamos unas quince personas: periodistas, bloggers, autores, profesores, webmasters… Todos internautas pero a la vez creadores de contenidos también, en diversos ámbitos. Lo he publicado más en profundidad en el área de Tecnología de Lainformacion.com, para quien necesite todos los detalles: Internautas reunidos con el Ministerio de Cultura. Cada uno de nosotros acudió allí a título personal y sin representar a nadie; yo hice lo mismo con la sana intención de escuchar, dar mi opinión y dialogar sobre el tema. La ministra se prodigó poco y además también hubo las habituales tiranteces.
Aunque el proyecto todavía debe ser aprobado por el parlamento y los internautas y diversas formaciones políticas estén en contra, la situación en este momento parece ser, como bien resumió alguien, «que para comer va a haber lentejas, y lo que vamos a debatir es si las podemos tomar frías, templadas o calientes». Si la ley se aprueba finalmente tal y como está requerirá a continuación la definición de la normativa y procedimientos concretos, los nombramientos en una comisión especial que será la que ejecute en la práctica la propuesta, la definición de todos los trámites y demás.
Lo que nos transmitiron como intenciones del Ministerio de Cultura con esta propuesta fue lo siguiente:
- El anteproyecto no pretende perseguir a los usuarios individuales de programas P2P, ni tampoco a los creadores de dichos programas. Los sitios como weblogs, periódicos online, agregadores de noticias y similares no deberían tener tampoco de qué preocuparse: es una guerra que no va con ellos.
- Tampoco se pretende perseguir a las páginas de «enlaces a contenidos ilegales», dado que quienes realizan las actividades que se califican como ilegales son otras.
- No es la intención del anteproyecto perseguir a los individuos cortándoles su conexión a Internet en casa.
Las medidas están orientadas, y esto lo recalcaron varias veces, a bloquear o eliminar de Internet las páginas que estén violando los derechos de propiedad intelectual de terceros y lucrándose con ello mediante pagos directos de los usuarios. El ejemplo con que intentaron ilustrarlo resulta claro y meridiano: se pretende cerrar las páginas que hacen lo mismo que Spotify, pero ilegalmente, en base a que sus propietarios cobren dinero a lo usuarios por el contenido, pero no posean los derechos de difusión de esos contenidos.
Tras oir ese objetivo la sensación que nos quedó es la de que se trata de algo desproporcionado y poco práctico: poner el arsenal atómico a disposición de alguien para acabar con los cuatro gusanos que hay en las manzanas podridas de Internet.
También explicaron cómo sería la operativa en la práctica de la famosa Comisión que decidiría el cierre o bloqueo de determinadas páginas o sitios web. (Recuérdese: estas serían las intenciones que hay actualmente, pero el procedimiento final todavía está por escribirse y aprobarse.)
- La comisión no estará «navegando por la Red y poniendo denuncias.» Sólo podrá actuar si recibe denuncias de legítimos propietarios de las obras.
- La Comisión avisará al denunciado para que presente alegaciones o bien opte por retirar los contenidos. Esto será válido tanto si la página en cuestión está alojada en España como si está en el extranjero.
- La Comisión decidirá si tramitar la petición de cierre o bloqueo de la página, enviándosela a un juez.
- Las peticiones de cierre irían precedidas de una petición de bloqueos por URL (página por página). El cierre o bloqueo de un sitio completo sólo se haría en caso de denuncias reiteradas, tal vez diez o más veces.
- Los bloqueos de webs o URLs se tramitarían a través de los proveedores de acceso españoles.
Lo más desmotivante fue llegar a la conclusión final en la que preguntamos: «pero entonces, ¿esto sería como en China, que si vives allí el gobierno te deja ver unos contenidos sí pero otros no?». A eso respondieron con un escueto «En España ya estamos como en China». Su clara confusión al respecto, por las explicaciones que intentaron dar, se refiere a que sitios como Spotify, iTunes YouTube ofrecen catálogos distintos para distintos países. Pero la gran diferencia es que en esos ejemplos son las propias empresas las que deciden qué ofrecer en cada lugar, algo en lo que están en todo su derecho como negocios privados: no son una mano invisible ni una comisión quien decide qué datos pueden verse y qué datos no verse.
Aparte de esto, queden para la posteridad un par de anécdotas que nos contó Ángeles González-Sinde en persona, que demuestran lo absurda que llega a ser la situación algunas veces. Ella misma se mostró molesta porque en un reciente cambio de ordenador tuvo que recurrir a expertos informáticos porque las canciones que había comprado en iTunes no podía pasarlas de su ordenador viejo a otro nuevo –uno de los problemas de los absurdos sistemas DRM–. También explicó que ni siquiera ella misma tiene claro por qué no puede alguien hacerse fácilmente una copia de una película que ha comprado y tiene en su casa a otro DVD, por ejemplo para llevársela a la casa de la playa. En fin: muchos consumidores e internautas llevamos años y años haciéndonos las mismas preguntas, y ahora aparece esta propuesta de ley sin sentido… que tal vez lleve a anécdotas similares a algún otro ministro dentro de cinco o diez años.
