Al mismo tiempo que el Comité de Mercado Interno y Protección del Consumidor (IMCO) de la Unión Eorupea está procediendo a una segunda lectura del Paquete de Telecomunicaciones, un conjunto de normas que para muchas personas contiene lenguaje preocupante en lo que se refiere a algunas libertades y derechos a la hora de usar Internet, el Parlamento Europeo aprobaba ayer por 481 votos a favor, 25 en contra, y 25 abstenciones un informe que trata sobre el refuerzo de la seguridad y de las libertades fundamentales en Internet que entre otras cosas rechaza que los gobiernos denieguen el acceso a Internet para imponer sanciones.
El informe en cuestión, cuyo ponente fue el socialista griego Stavros Lambrinidis, afirma que «los gobiernos o las empresas privadas no deben recurrir a la denegación de dicho acceso como medio para imponer sanciones», ya que «el analfabetismo electrónico será el nuevo analfabetismo del siglo XXI y que, por lo tanto, asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a Internet significa garantizar que todos los ciudadanos tienen acceso a la escolarización.»
En cuanto al asunto del respeto a los derechos de propiedad intelectual el informe pide a los estados miembros que en efecto procedan a la adopción de la directiva sobre medidas penales sobre la violación de este tipo de derechos, pero «se prohíben el control y la vigilancia sistemática» de los usuarios para hacerlo.
También pide «respetar asimismo la libertad de expresión y de asociación de los usuarios individuales y luchar contra la incitación a la ciberviolación de los derechos de propiedad intelectual, incluidas algunas restricciones excesivas de acceso impuestas por los propios titulares de la propiedad intelectual.»
Todo esto suena muy bien, pero sin ser abogado ni político sospecho que en realidad este informe no tiene poder vinculante alguno, con lo que los gobiernos de los estados miembros de la UE seguirán haciendo lo que les parezca al respecto y que todo este asunto de los sistemas de tres avisos terminará más bien temprano que tarde en los tribunales.
(Vía La Voz de Galicia.)
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