A pesar de que a menudo se intenta presentar, de forma interesada, el asunto de las descargas a través de Internet como la defensa a ultranza de la gratuidad absoluta de todos los contenidos frente al derecho de sus autores de cobrar por ellos, personalmente pienso que este no es el debate.
Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los usuarios, si tuviéramos un sistema fácil para comprar contenidos a través de Internet, lo usaríamos, y de hecho creo que gran parte del éxito de la iTunes Store de Apple o de Amazon con el Kindle se debe precisamente a lo sencillo que es adquirir contenidos para ellos.
Pero en lugar de ver esto, la industria de contenidos, salvo contadas excepciones, insiste en querer mantener su modelo de negocio y precios de hace diez o quince años, algo que va a ser imposible en un mundo en el que se pueden hacer copias digitales perfectas y en el que todos los intentos de crear sistemas que evitan las copias han fracasado.
Y no duda en utilizar su enorme poder para presionar a los políticos para que hagan algo al respecto, lo que en España ha tomado la forma de la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible, bautizada como la Ley Sinde.
Esta norma pretende luchar contra el intercambio de archivos en Internet, haciendo posible que se cierren webs que sean denunciadas ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual sin que un juez intervenga en el fondo del asunto, es decir, en ver si en efecto se están vulnerando derechos de autor o de explotación.
Esto, en opinión de numerosos profesionales del mundo del derecho, es una verdadera chapuza, e innecesaria, pues nuestro sistema jurídico incorpora las herramientas necesarias para proteger los derechos de autor, aunque otra cosa es que la industria no haya usado el enfoque legal adecuado para defenderlos.
Además, esta ley va a ser inútil desde el punto de vista técnico, y al caso de WikiLeaks y los intentos por cerrarla me remito, pues por cada sitio de intercambio de enlaces o archivos que se cierre aparecerán quién sabe cuántos más.
Pero lo peor es que, como se ha demostrado precisamente gracias a los cables filtrados por WikiLeaks, la ley Sinde nos viene impuesta por un gobierno extranjero a cuyas demandas nuestros políticos han decidido rendirse incondicionalmente.
Y quizá no tengan la conciencia muy limpia cuando quieren sustraer la aprobación de esta ley a todo posible debate aprobándola en el Congreso mediante un procedimiento poco usual para una ley de su calado. Creo que nada, tan siquiera la defensa de los derechos de autor por legítima que esta pueda ser, justifica algo como esto.
{ Publicado originalmente en La Voz de Galicia, donde colaboramos habitualmente }
