Aunque no es nada común, había un gran interés entre la comunidad de usuarios de Internet por el Consejo de Ministros de ayer, ya que estaba previsto que de él saliera el texto definitivo de la Ley de Economía Sostenible (LES).
Este interés viene dado porque esta ley incluye provisiones para el cierre de sitios web que vulneren los derechos de autor y propiedad intelectual que en una primera redacción de esta ley parecían poner en peligro algunos derechos fundamentales de los ciudadanos como la libertad de expresión, ya que, entre otras cosas, permitían el cierre de páginas web sin intervención judicial a priori.
Esto provocó una fortísima reacción por parte de los usuarios de Internet, tras la que el presidente del Gobierno dijo que no se cerraría ninguna web sin intervención de un juez, así que ayer todos estábamos pendientes de ver si en efecto cumplía con lo prometido.
Pero nos hemos quedado con las ganas porque el texto aprobado por el Consejo de Ministros para ser remitido a los correspondientes órganos consultivos no se hará público hasta el lunes 11.
De todos modos, dada la envergadura de las modificaciones necesarias en nuestro sistema legal para poner en práctica esas medidas en defensa de los derechos de propiedad intelectual, que han requerido la introducción de un proyecto de ley complementario a la propia LES, sí ha habido unas declaraciones del ministro de Justicia, que ha comparecido en lugar de Ángeles González Sinde en la rueda de prensa posterior al Consejo.
Según Caamaño se creará un proceso que en un máximo de cuatro días conseguirá resolver el cierre de una web mediante la intervención ni más ni menos que de un juez de los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que será el que lo autorice, a petición de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.
Pero lo que no ha quedado claro es si el juez va a entrar en la cuestión de si una web está realmente vulnerando estos derechos o si simplemente va a preocuparse de que no se conculquen los derechos fundamentales de su responsable.
Y de ser así esto haría posible que una denuncia falsa sirviera para cerrar una web siempre que el juez no apreciara una lesión de los citados derechos fundamentales del responsable.
Además de esto, numerosos abogados han expresado dudas acerca de la cantidad de modificaciones en el sistema legal que van a ser necesarias y de los posibles conflictos de intereses y competencias que puede haber.
Así que a pesar de lo que se diga desde la Moncloa, hay que estar aún muy pendiente del texto de la ley, porque por ahora no se puede afirmar que el Gobierno haya dado marcha atrás. Los derechos fundamentales siguen en entredicho en Internet.
{ Publicado originalmente en La Voz de Galicia, donde colaboramos habitualmente }
Algunas lecturas más sobre el tema, siempre pendientes de que el lunes se conozca el texto definitivo de la LES y de la ley complementaria:
- Ágil, eficaz... y muy embrollado, Paloma LLaneza en El país.
- Bravo: "La nueva ley de Internet no permite al juez entrar en el fondo del asunto", David Bravo en 20 minutos.
- Cuando la lógica de la ley linda con el absurdo, José Cervera.
- Un regalo envenenado contra las descargas ilegales: se incluirá con rango legal la intervención de la Audiencia Nacional, Sevach.
- Webs y economía… ¿sostenible?, Enrique Dans en La Gaceta.
- Propiedad intelectual o libertad de expresión: ¿Qué derecho prevalece aquí?, Carlos Sánchez Almeida en El Mundo.
- Fraude de etiquetas, Nicolás García Rivas en El Correo Digital.
