Tal y como estaba previsto finalmente se hizo público el texto de la Ley de Economía Sostenible aprobado por el consejo de ministros, texto que incluye una disposición final primera diseñada para luchar contra las descargas no autorizadas de contenidos con derechos de autor a través de Internet y a la que se oponen no solo muchos usuarios de esta sino también numerosos abogados.
Y es que aunque nadie pone en duda el derecho de los autores a cobrar por sus obras y vivir de ello, no parece que sea eso precisamente lo que está defendiendo esta disposición, sino que más bien parece ir en la línea de proteger un modelo de negocio obsoleto dando a los derechos de propiedad intelectual, que son privados y de naturaleza patrimonial, un estatus similar al de otros intereses como el orden y la seguridad públicos, la defensa nacional, la salud o la infancia, y los derechos fundamentales, merecedores de una protección reforzada .
Además, le da a un órgano administrativo en forma de una comisión de expertos, y no a los jueces, la tutela, protección y defensa de estos intereses, con una redacción tan ambigua y extensa que cualquier web que se salga del derecho a cita, que ponga una foto sin permiso, o incluso que enlace con un vídeo en YouTube que esté allí colgado sin permiso caería bajo el ámbito de actuación de esta nueva ley, independientemente de que haya ánimo de lucro o no, pues para ello basta con la mera intención de perjudicar el derecho patrimonial de los titulares de los derechos.
Y esta intención la juzgaría la comisión, cuya composición no está especificada en la ley, pero que según las declaraciones del gobierno estaría integrada en parte por representantes de la propia industria audiovisual, lo cual parece cuando menos chocante.
Los jueces, a pesar de lo asegurado por el gobierno, no entrarían en el proceso salvo a la hora de autorizar o no el cierre de una web, y eso si la comisión se lo pide, y no para valorar si se están infringiendo derechos de propiedad intelectual, sino para ver si con el cierre de la web o con la retirada de ciertos contenidos se estaría vulnerando el derecho a la libertad de expresión del responsable de esta.
Pero quizás lo más curioso de esta ley es que en las páginas en las que se recoge esta disposición adicional no se mencionan las palabras internet, web, descargas, enlaces, bloqueo, y autor, lo que puede dar idea de lo enrevesado del planteamiento del gobierno, que probablemente lo que tendría que hacer es modificar de una vez por todas la actual Ley de Propiedad Intelectual, que ya contempla mecanismos de tutela para los derechos de autor, para regular el tema de los enlaces en Internet, y dejarse de hacer experimentos de dudosos resultados con el sistema legal.
{ Publicado originalmente en La Voz de Galicia, donde colaboramos habitualmente }
