Este artículo estaba escrito para ser publicado en La Voz de Galicia, diario con el que colaboramos de forma habitual, pero al final por cosas de que el papel no es infinitamente estirable no ha cabido, así que la recuperamos aquí.
Tras la sentencia de la Audiencia Nacional de marzo de 2011 que declaraba nula la orden ministerial PRE/1743/2008 que regulaba el canon digital desde el 1 de julio de 2008 al gobierno no le quedaba más remedio que hacer algo al respecto.
Lo malo es que si aquella sentencia recogía otra del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que decía que la aplicación indiscriminada del canon a todos los soportes digitales que se vendían en España era ilegal, la forma en la que el gobierno ha escogido arreglar la situación es bastante peor.
Y es que a partir de 2013 el dinero que ingresen las entidades de gestión de derechos de autor como compensación por nuestro derecho a la copia privada saldrá de los presupuestos generales del estado.
De esta forma no seremos solo los que compremos algún soporte o aparato susceptible de almacenar o reproducir obras sometidas a derechos de autor los que paguemos, independientemente de que fuéramos a usarlo para almacenar las fotos y vídeos de las vacaciones o una composición musical original, por ejemplo, sino que seremos todos los españoles los que paguemos el importe que el gobierno decida cada año.
Así que si la situación anterior en la que había que pagar sí o sí a la hora de comprar cualquiera de los soportes o dispositivos sometidos al canon digital era mala por indiscriminada la nueva fórmula en realidad lo es mucho más, ya que ahora incluye como pagadores a personas que no adquieran ninguno de estos soportes ni dispositivos.
Pero además en muchos casos sigue siendo un timo, pues si bien estamos pagando una compensación por el derecho a copia privada de las obras a las que accedemos de manera legítima, los DVD o Blu-ray, por ejemplo, siguen viniendo protegidos contra copia, lo que nos impide ejercitar el derecho por el que estamos pagado.
Sin negar a los autores el derecho a cobrar por sus obras si así lo desean, algo que de hecho siempre he defendido, no sé cual es la mejor solución al asunto de la copia privada, que por cierto no hay que confundir con la mal llamada piratería de contenidos.
Pero estoy seguro de que la solución no es esta que ha decidido aplicar el gobierno.
