Los fraudes por llamadas a concursos de la tele siguen sin control según cuentan en 20 Minutos. La situación es un tanto kafkiana: aunque las asociaciones de consumidores reciben miles de denuncias y por otro lado los juristas advierten de fraudes millonarios en ese tipo de llamadas telefónicas engañosas, al mismo tiempo dicen «estar bajo mínimos en cuanto a la actuación de sistemas y mecanismos de control».
El problema se antoja el de siempre: que aunque el fraude sea monumental cuando se «roba» a muchas personas distintas cantidades muy pequeñas apena se nota (recordemos: el «redondeo» de las cabinas telefónicas, los dialers también vinculados a números de tarificación adicional, concursos por SMS, suscripciones engañosas a servicios «SMS premium», etc) mientras que si un tipo se llevara esas mismas cantidades en sacas del Banco de España lo perseguirían hasta con helicópteros.
A veces parece que las posibles soluciones podrían pasar por una cuestión de educación o de cambiar la percepción que la gente tiene de lo que está haciendo, a veces simplemente bastaría aplicar el sentido común para prohibir las actividades inapropiadas (ej. los teletimos televisivos), otras por obligar a que para participar en ese tipo de operaciones (ej. llamar a un número de tarificación adicional) hubiera que activar el servicio expresamente con una tercera parte independiente o el operador telefónico, que estuviera a su vez obligado a informar al usuario de lo que realmente puede suceder y en qué gastos puede incurrir (al mismo tiempo que filtraría el servicio a menores, etc.)
Otra opción podría ser que tras usar esos servicios te llegara instantáneamente un mensaje con el cargo total (para concienciar a la gente de lo que está gastando, al momento), o que hubiera un filtro previo de información obligatoria como en los cajeros automáticos: «le vamos a cobrar exactamente este dinero por hacer esta operación ahora. ¿Está de acuerdo?» y que requiriera una confirmación adicional.
El problema adicional en todo esto es por cierto profundamente maquiavélico: si bien los teletimadores consiguen pingües beneficios con lo que están haciendo, otro tanto consiguen las operadoras telefónicas que hacen de intermediarios (que difícilmente van a renunciar a ese beneficio imponiendo mayores controles, cerrando los servicios o no aceptando cierto tipo de negocios) y otro tanto los medios de comunicación que venden esos espacios televisivos (en el caso de los teletimos se diría que están en todas las cadenas). ¿Podemos suponer que esos medios van a informar en profundidad del problema? Yo no he visto mucho al respecto en las noticias de televisión, aunque sí en algunos periódicos y sobre todo mucho más medios online y weblogs.
El problema es complejo y probablemente más social que tecnológico, pero es increíble que incluso con juristas avisando del problema con frases como «fraudes millonarios» no se actue de forma rápida, y menos en estos tiempos tan complicados para las economías familiares.
