La Comisión Nacional de la Competencia, adscrita al Ministerio de Economía, hacía ayer público un informe sobre las entidades de gestión de derechos de autor (AGEDI, AIE, AISGE, CEDRO, DAMA, EGEDA, SGAE y VEGAP) que las deja realmente mal paradas, y no solo a ellas sino también al gobierno.
El informe [PDF 537 KB] considera que «La posición monopolística de las entidades de gestión reduce sus incentivos a operar de modo eficiente, facilita el establecimiento de tarifas inequitativas y/o discriminatorias por la utilización de los repertorios y obstaculiza las actividades que realizan los usuarios, tanto los que operan en mercados tradicionales como los que explotan obras y prestaciones en el entorno online.»
O, en otras palabras, que las entidades de gestión hacen un uso abusivo de su posición monopolística de facto, y además con la connivencia de los políticos, y en especial del gobierno actual, empeñado en colar en la Ley de Economía Sostenible una Disposición Final Primera que parece atentar contra el sentido común en aras de luchar contra las descargas a través de Internet.
También dice, aunque los informes de la CNC no son vinculantes, que es necesario realizar una revisión integral de la Ley de Propiedad Intelectual, y considera que se puede establecer un modelo más favorable a la competencia en la que un mercado libre pueda determinar cuantas entidades deben existir y qué derechos deben gestionar y cómo deben gestionarlos.
El informe también dice que al permitir esta posición monopolística de las entidades de gestión de derechos se podría considera que España está cometiendo una infracción del artículo 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, «que impone a los Estados miembros la obligación de no adoptar ni mantener respecto de “aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las normas de los Tratados, especialmente las previstas en los artículos...” relativos a las normas de competencia, siendo así que el artículo 82 TCE (actual art. 102 del TFUE) prohíbe a las empresas la explotación abusiva de su posición dominante en el mercado».
Por ello David Bravo y Javier de la Cueva han publicado un procedimiento gratuito para denunciar ante la Comunidad Europea «los abusos que estamos sufriendo de manos de los sucesivos gobiernos en el campo de la propiedad intelectual» que sólo te costará el tiempo de rellenar la plantilla, meterla en un sobre, y acercarte a una oficina de Correos para enviarla como carta certificada.
Como dicen ellos, las protestas están bien, pero quizás va siendo momento de pasar a la acción.
