Esta semana ha causado sorpresa la sentencia de un juez italiano que condenaba a seis meses de cárcel a tres ejecutivos de Google por la publicación en YouTube de un vídeo en el que alumnos de un centro educativo de Turín sometían a vejaciones a un compañero. Estas tres personas no tuvieron nada que ver con la grabación del vídeo ni con su subida a Internet, y, de hecho, colaboraron activamente con la policía italiana una vez que recibieron aviso por parte de ella de la existencia del vídeo en cuestión para borrarlo y luego identificar a la persona que lo había subido. Pero aún así el juez considera que actuaron con negligencia, pues antes de que la policía tomara cartas en el asunto otros usuarios habían solicitado la retirada del vídeo y no se les había hecho caso.
Puede que, en este caso, en efecto los mecanismos de control interno de YouTube hayan fallado y que el vídeo tuviera que haber sido retirado antes y que haya que mejorar estos mecanismos o incluso alcanzar un código de conducta compartido entre este tipo de empresas, pero bajo ningún concepto este tipo de casos deberían servir para plantearse ningún tipo de filtrado a priori de los contenidos, algo que el Gobierno italiano ya ha dado señales de querer hacer en alguna ocasión.
Sería imposible tanto desde el punto de vista técnico, pues los ordenadores todavía no piensan ni son capaces de reconocer qué contenidos tendrían que ser filtrados, como desde el humano, por la cantidad de personas que tendrían que estar haciendo este filtrado, pero sobre todo sería un impensable freno a la más increíble herramienta de comunicación de la historia, la Web 2.0.
{ Publicado originalmente en La Voz de Galicia, donde colaboramos habitualmente }
