Tewolde Gebremariam, el entonces presidente de Ethiopian Airlines, en el lugar del accidente del vuelo 302 de la aerolínea – Vía Ethiopian Airlines
En julio de este año Boeing y el Departamento de justicia presentaron un acuerdo ante el juez Reed O’Connor para evitar ir a juicio por los accidentes mortales del 737 MAX. Pero finalmente el juez lo ha rechazado porque no cree que el proceso para seleccionar a la persona que tendría que supervisar a Boeing durante los tres años de duración del acuerdo sea adecuado. Eso, según ha sentenciado, evitaría una supervisión efectiva de la empresa.
Todo esto viene de cuando en enero de 2021 Boeing y el Departamento de justicia llegaron a un acuerdo mediante el que la empresa pagaba unos 2.000 millones de euros en compensaciones a las familias de las víctimas y a las aerolíneas afectadas a cambio de dejar el proceso judicial en suspenso. Económicamente era poco más que una chaparreta en el culo para la empresa. Además Boeing se comprometía a portarse bien y a hacer esfuerzos por promover su cultura de seguridad en los tres años siguientes.
Pero en enero de 2024, cuando faltaba poco para que venciera ese plazo, el tapón que sustituía una de las puertas de un 737 MAX de Alaska Airlines salió disparado en pleno vuelo. Eso hizo concluir al Departamento de justicia que lo mismo Boeing no se había esforzado mucho con lo de la seguridad. Así que se planteó llevar a la empresa a juicio.
El Boeing 737 MAX 9 de Alaska Airlines que perdió en pleno vuelo el tapón que sustituye una de sus puertas de emergencia – NTSB
Sólo que tras las correspondientes negociaciones en julio de este año Boeing y el Departamento de justicia presentaron al juez O'Connor el citado acuerdo mediante el que Boeing se declararía culpable de haber ocultado y presentar información falsa a la Administración Federal de Aviación (FAA); pagaría una multa de de 243,6 millones de dólares, lo que es calderilla para la empresa por muy en crisis que esté; y se gastaría al menos otros 455 millones de dólares en los próximos tres años para impulsar los programas de seguridad y cumplimiento con normativas. La directiva de la empresa tendrá que reunirse, además, con las familias de las víctimas de los accidentes.
El acuerdo también imponía el nombramiento de un supervisor independiente, que durante tres años tendría la tarea de presentar informes públicos de progreso anuales acerca del cumplimiento de la empresa, que estará a prueba durante ese tiempo. En el acuerdo de 2021 no existía esta figura.
A cambio, Boeing se evitaba ir a juicio.
Pero el juez O’Connor por una parte no cree que el proceso de selección de esa persona que ha de supervisar a Boeing garantice que realmente la empresa vaya a estar controlada. Pero por otra ve que, según los términos del acuerdo, esta persona actuaría fuera del control de los tribunales, algo que le parece inaceptable, más teniendo en cuenta que el intento previo por parte del gobierno de los Estados Unidos de poner bajo control a Boeing parece haber fallado claramente.
Así que ha mandado a Boeing y al Departamento de justicia de nuevo a la mesa de negociación. Tienen hasta principios de enero para llegar a una nueva propuesta. Para las familias afectadas esto es una oportunidad de que por fin Boeing pague por lo que ha hecho. Pero veremos, porque hasta ahora ha ido saliendo bastante bien parada de todo esto.
