En CityPages publicaron una curiosa noticia con una importante moraleja sobre qué sucede a veces con nuestra información personal y el acceso que las entidades públicas, incluyendo los agentes de las fuerzas de seguridad del estado, pueden hacer de ella. El caso es el de una mujer estadounidense de unos 37 años que había sido policía. Rubia, de ojos verdes y físicamente atractiva, su vida privada sufrió una extraña «invasión» cuando se corrió la voz entre los colegas de trabajo acerca de que «estaba de muy buen ver», de que participaba en competiciones de culturismo y actividades por el estilo.
Unos 104 agentes de 18 agencias diferentes consultaron 425 veces sus datos personales: foto, nombre, dirección, teléfono y demás en la base de datos de Tráfico, que registra a todos los ciudadanos con carnet de conducir (en Estados Unidos es similar al DNI). Algunos llegaron incluso a llamarla para proponerle citas, como si tal cosa. El problema es que esa información personal está protegida por las leyes y no puede consultarla cualquiera así como así. De hecho los ordenadores registran quienes accede a las fichas (e incluso a veces ni eso, gracias a las puertas traseras) y esos cientos de agentes pueden tener ahora serios problemas con la justicia.
Podemos imaginar lo molesta que resultó la situación para la mujer en cuestión. Pero también que si para una nimiedad como es conseguir un teléfono o una dirección para el ligoteo los agentes de la ley se saltan las normas, qué no harán cuando consideran que se trata de algo más importante –según su particular «criterio»–. Es un problema que viene de antiguo: ¿quién vigila a los vigilantes?
La mujer va a denunciar el caso, y dice que no es una cuestión puntual, sino que a pesar de las restricciones legales, la policía utiliza esa base de datos como si fuera un Facebook, y que lleva años siendo así sin que nadie haga nada para impedirlo.
Este caso ejemplifica perfectamente por qué hay tanta gente en contra de registros como los DNI, las cámaras de vídeo en las calles y otras medidas de «seguridad» consistentes en meter toda la información de la gente en grandes bases de datos. Más allá de la supuesta seguridad que proporcionan –que además sabemos que es poca– pueden suponer una importante violación de la privacidad y facilitar los malos usos, tanto por los propios agentes encargados de custodiarla como por quienes puedan sobornarlos o simplemente hackear esos sistemas en remoto y acceder a ellos.
(Vía Neatorama.)
Actualización: Como nos recuerda Iosu, otro terreno donde se producen este tipo de problemas es en el de los historiales clínicos informatizados; véase esta noticia reciente: El Servicio Navarro de Salud debe pagar 125.000 euros por un acceso «ilegítimo» a un historial clínico.
Actualización (1 de octubre de 2020) – La noticia desapareció de CityPages, pero he encontrado y enlazado la versión de Archive.org.
